Acosta y Lara
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Abogados evalúan recursos por nuevo proceso laboral
Proyecto. Violaría el derecho de defensa
Varios abogados laboralistas que se dedican a patrocinar empresarios, están dispuestos a presentar recursos de inconstitucionalidad contra un proyecto de ley que tiene media sanción parlamentaria, y que abrevia los procesos judiciales.
La iniciativa, que la semana pasada fue aprobada por el Senado y que ayer ingresó formalmente en Diputados, crea un proceso especial para regular los juicios laborales, mediante el cual se reducen notoriamente los plazos que actualmente rigen en los procesos.
El proyecto establece que una vez presentada la demanda, el juez deberá darle traslado al empleador que tendrá que contestar la acción en un plazo máximo de diez días, reduciendo a la tercera parte el lapso vigente actualmente, que hoy es de 30 días corridos.
Además, el texto, que fue redactado en base a una serie de propuestas elaboradas por la Suprema Corte de Justicia y especialistas del Instituto de Derecho Laboral de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, prevé que el juez deberá celebrar la primera audiencia en un plazo no superior a los 60 días luego de presentada la demanda.
Se propone que el proceso se sustancie en una única audiencia, en la cual el juez deberá escuchar los alegatos de las partes y dictar sentencia, aunque brinda la posibilidad de diferir el fallo en 20 días para casos de mayor complejidad.
Al momento de apelar la resolución de primera instancia, el demandado deberá depositar a modo de garantía el 50% del monto total de la condena.
El proyecto crea un proceso aún más acotado para causas de "menor cuantía", los cuales topea en $ 81.000. En los casos en los cuales se reclaman cifras inferiores a ese monto, las empresas deberán contestar la demanda en la misma audiencia, tras lo cual el juez emitirá su fallo, decisión que no podrá ser apelada.
INDEFENSOS. Ante la media sanción del proyecto, diversas empresas y cámaras -que al mismo tiempo siguen con atención el trámite parlamentario de la ley de Negociación Colectiva- realizaron consultas a sus asesores jurídicos.
Así, varios abogados consultados por El País, coincidieron en que la propuesta, tal como se votó en el Senado, viola la Constitución, por lo que coincidieron en que si se convierte en ley, impulsarán recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia.
El abogado Guzmán Acosta y Lara, de Acosta y Lara & Asociados, dijo que el proyecto, al reducir los plazos y establecer la obligatoriedad de depositar el 50% de la condena antes de apelar, "viola uno de los principios básicos que tiene que haber para la contraparte, que es el de poder defenderse".
Según Acosta y Lara, los empresarios están "alarmados" por el contenido de la iniciativa.
Su colega Daniel de Siano, señaló que sus clientes "tienen gran preocupación" en relación a esta propuesta.
"Se deja sin defensa al sector empleador. El proyecto carece de equilibrio y racionalidad, porque llega una demanda -que según el caso y la cantidad de personas que involucra depende su complejidad- y hay que contestarla en diez días", cuestionó de Siano.
Por su parte, el abogado Nelson Larrañaga Zeni, del estudio Ferrere, dijo que, de aprobarse el proyecto, se iría por "el camino equivocado", ya que "lo que enlentece los procesos no son los plazos de la demanda, sino el tiempo que transcurre entre una audiencia y otra durante el juicio".
"Este proyecto acota el derecho de defensa de los empresarios. No se respetan las garantías del debido proceso porque no permite preparar una defensa adecuada", concluyó Larrañaga Zeni.
Deberán aumentar personal
El abogado Guzmán Acosta y Lara relató que sus clientes ya lo consultaron sobre el alcance del proyecto sobre juicios laborales. Dijo que una de las principales preocupaciones de los empresarios es que, en virtud del plazo de solo de 10 días para contestar la demanda, en ese lapso deberán ubicar la documentación relativa al demandante, lo cual sumado a que muchas veces los juicios involucran a decenas de trabajadores, deberán reforzar las secciones de Recursos Humanos.
El País Digital
10/07/2009
La iniciativa, que la semana pasada fue aprobada por el Senado y que ayer ingresó formalmente en Diputados, crea un proceso especial para regular los juicios laborales, mediante el cual se reducen notoriamente los plazos que actualmente rigen en los procesos.
El proyecto establece que una vez presentada la demanda, el juez deberá darle traslado al empleador que tendrá que contestar la acción en un plazo máximo de diez días, reduciendo a la tercera parte el lapso vigente actualmente, que hoy es de 30 días corridos.
Además, el texto, que fue redactado en base a una serie de propuestas elaboradas por la Suprema Corte de Justicia y especialistas del Instituto de Derecho Laboral de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, prevé que el juez deberá celebrar la primera audiencia en un plazo no superior a los 60 días luego de presentada la demanda.
Se propone que el proceso se sustancie en una única audiencia, en la cual el juez deberá escuchar los alegatos de las partes y dictar sentencia, aunque brinda la posibilidad de diferir el fallo en 20 días para casos de mayor complejidad.
Al momento de apelar la resolución de primera instancia, el demandado deberá depositar a modo de garantía el 50% del monto total de la condena.
El proyecto crea un proceso aún más acotado para causas de "menor cuantía", los cuales topea en $ 81.000. En los casos en los cuales se reclaman cifras inferiores a ese monto, las empresas deberán contestar la demanda en la misma audiencia, tras lo cual el juez emitirá su fallo, decisión que no podrá ser apelada.
INDEFENSOS. Ante la media sanción del proyecto, diversas empresas y cámaras -que al mismo tiempo siguen con atención el trámite parlamentario de la ley de Negociación Colectiva- realizaron consultas a sus asesores jurídicos.
Así, varios abogados consultados por El País, coincidieron en que la propuesta, tal como se votó en el Senado, viola la Constitución, por lo que coincidieron en que si se convierte en ley, impulsarán recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia.
El abogado Guzmán Acosta y Lara, de Acosta y Lara & Asociados, dijo que el proyecto, al reducir los plazos y establecer la obligatoriedad de depositar el 50% de la condena antes de apelar, "viola uno de los principios básicos que tiene que haber para la contraparte, que es el de poder defenderse".
Según Acosta y Lara, los empresarios están "alarmados" por el contenido de la iniciativa.
Su colega Daniel de Siano, señaló que sus clientes "tienen gran preocupación" en relación a esta propuesta.
"Se deja sin defensa al sector empleador. El proyecto carece de equilibrio y racionalidad, porque llega una demanda -que según el caso y la cantidad de personas que involucra depende su complejidad- y hay que contestarla en diez días", cuestionó de Siano.
Por su parte, el abogado Nelson Larrañaga Zeni, del estudio Ferrere, dijo que, de aprobarse el proyecto, se iría por "el camino equivocado", ya que "lo que enlentece los procesos no son los plazos de la demanda, sino el tiempo que transcurre entre una audiencia y otra durante el juicio".
"Este proyecto acota el derecho de defensa de los empresarios. No se respetan las garantías del debido proceso porque no permite preparar una defensa adecuada", concluyó Larrañaga Zeni.
Deberán aumentar personal
El abogado Guzmán Acosta y Lara relató que sus clientes ya lo consultaron sobre el alcance del proyecto sobre juicios laborales. Dijo que una de las principales preocupaciones de los empresarios es que, en virtud del plazo de solo de 10 días para contestar la demanda, en ese lapso deberán ubicar la documentación relativa al demandante, lo cual sumado a que muchas veces los juicios involucran a decenas de trabajadores, deberán reforzar las secciones de Recursos Humanos.
El País Digital
10/07/2009
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10/Jul/2009 |