Fallo que levantó piquete sindical entusiasma a los empresarios

D. FERREIRA / P. MELENDREZ

Los expertos en relaciones laborales consultados por El País ven este fallo como un primer paso contra el bloqueo a una empresa por parte de sus trabajadores.

"A partir de este fallo todos los piquetes que impidan el acceso a una empresa tendrán que ser declarados ilícitos. De ahora en más, los empresarios comenzarán a proponer acciones de amparo ante la Justicia para liberar el acceso a sus plantas porque el juez tiene la facultad para hacerlo, como también la tiene la Policía, que lamentablemente no actúa y por eso el empresario debe recurrir al Poder Judicial", consideró el abogado especialista en Derecho Laboral del Estudio Ferrere, Nelson Larrañaga Zeni.

El experto, que realizó una investigación sobre el tema analizando jurisprudencia de América Latina y de Europa, indicó que la resolución de Burella toma, entre otros aspectos, la opinión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). "Estábamos esperando un fallo como éste", subrayó Larrañaga Zeni en diálogo con El País.

"Los argumentos por los cuales se declara ilícito un piquete son los mismos por los cuales se declara ilícita una ocupación", explicó y agregó: "La diferencia entre la ocupación y el piquete es que el segundo se desarrolla fuera del establecimiento, pero impedir el acceso es tan violatorio como la ocupación desde el punto de vista del ejercicio de las libertades que se ven afectadas".

Por su parte, el abogado Guzmán Acosta y Lara, del Estudio Acosta y Lara & Asociados, destacó que el fallo de Burella es "claro, contundente y rotundo y debería impedir que se vuelva a registrar un piquete de esas características".

"Es muy grosero lo que se estaba haciendo con el piquete y esta resolución es un ícono para quienes defendemos que tanto el piquete como la ocupación son ilegales", expresó Acosta y Lara a El País.

"El fallo marca notablemente la cancha, porque los trabajadores pueden manifestarse al costado de la ruta pero no cortar el tránsito y el ingreso a la planta, que es una medida ilegítima que impide la libertad de circulación, trabajo y comercio, tres principios fundamentales previstos en la Constitución y que están por arriba de todo decreto o toda ley", concluyó Acosta y Lara.

En una consulta del Parlamento uruguayo, la OIT defendió el derecho de los trabajadores no huelguistas durante la ocupación de una empresa.

Sin embargo, la posición de la sala de abogados del Pit-Cnt es otra. "Si con el piquete se trata de proteger el derecho de huelga y el derecho de huelga es amenazado por un intento de la patronal de ingresar mercaderías y personal que no está de huelga, el piquete o la medida de neutralizar el ingreso sería parte de esa protección, siempre que sea efectuado por medios pacíficos", argumentó Mario Pomatta, miembro de la Sala de Abogados del Pit-Cnt. "Si el gremio está de huelga, el piquete es parte de ese derecho", insistió el jurista.

Con ello, el Pit-Cnt defiende el piquete "siempre que sea pacífico" como una extensión del derecho a la huelga.

Así Pomatta, que aclaró que no trató el tema, hace referencia al dictamen por el que el juez declaró ilícito el piquete en el frigorífico Canelones.

En la sentencia del pasado 16 de diciembre se establece que el ingreso al predio de la empresa debía quedar "enteramente libre", luego que el Sindicato de Obreros del Frigorífico Canelones (Sofrica) iniciara el bloqueo el pasado 8 de diciembre. El conflicto con la empresa se desató por la falta de acuerdo sobre un convenio por productividad que había comenzado en noviembre. En represalia los obreros impidieron el ingreso de personal tercerizado y algunos camiones a la planta, por lo cual se presentó un recurso de amparo al que Burella dio lugar.

Pomatta dijo que "el derecho de los no huelguistas es el mismo del de los huelguistas: el derecho al trabajo. Pero eso no puede ir en contra del libre ejercicio de huelga que está considerado un derecho humano fundamental". Por eso el asesor del Pit-Cnt se mostró en desacuerdo con que "por proteger el derecho de los no huelguistas o de los carneros se menoscabara o se vulnerara el derecho humano fundamental a ejercer el derecho a la huelga".

Tras el fallo del juez, el sindicato del frigorífico llegó a un acuerdo con la empresa y desbloqueó el ingreso a la planta.

Pomatta afirmó que esa sentencia no tiene carácter general y agota su efecto en ese caso concreto.

El dictamen reabrió la polémica sobre las ocupaciones, aun cuando el piquete y la ocupación son dos formas de protesta sindical diferentes. Sin embargo, existen puntos de contacto que sirven a empresarios y trabajadores para defender o condenar la práctica de las ocupaciones.

La sentencia fue valorada positivamente por el sector empresarial, que ha proclamado reiteradamente su rechazo a este tipo de medidas que, según entienden, violan los derechos patronales y de aquellos trabajadores que no se adhieren a lo dispuesto por el sindicato.

"Si bien el piquete y la ocupación de un lugar de trabajo son dos figuras distintas, la Justicia se expide ahora sobre el piquete de similar forma que lo ha hecho decenas de veces en las sentencias de desocupación inmediata ante la toma de empresas", argumentó Andrés Fostik, dirigente de la Comisión Fiscal y de la Comisión Socio Laboral de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU). Para el empresario, "quienes llevan a cabo una ocupación o piquete violento saben que lo hacen de hecho y no de derecho, tanto un caso como el otro `no es una modalidad de huelga`", dice citando un pasaje del dictamen del juez Burella.

Fostik dice que "parece poco creíble que esto sea tema de discusión aún, que haya gente que no quiere recordar que una ocupación o piquete ilegítimo perjudica desde el trabajador en adelante a todo el mundo". Las críticas recaen sobre el movimiento sindical que ha defendido la validez de la ocupación como una modalidad del derecho a la huelga.

pit-cnt. En tanto, el integrante del Secretariado del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, afirmó que la defensa del derecho al trabajo a la que recurren los empresarios cada vez que hay una ocupación, es el argumento de un doble discurso. "¿No vale el derecho al trabajo cuando en este país han sido enviados a la desocupación y al hambre miles y miles de trabajadores en los años 90?", sentenció Abdala.

"La Justicia es una institución muy compleja y está históricamente condicionada y no es impermeable a la relación de fuerzas. Lo que nosotros sostenemos es que los derechos sociales, los derechos humanos tienen que tener preeminencia sobre los derechos patrimoniales. El derecho de propiedad, de comercio no puede tener preeminencia sobre el derecho al trabajo, al salario, a la vivienda", agregó.

El Pit-Cnt analizará en su próxima sesión del Secretariado Ejecutivo el caso del piquete en el Frigorífico Canelones.

Los trabajadores aún no apelaron el fallo judicial, dijo el juez Burella.

Juez dice que el fallo puede ser antecedente para otro piquete
El juez letrado que atendió el caso del piquete en el Frigorífico Canelones estimó que su fallo no incidirá en el abordaje futuro de la Justicia sobre las ocupaciones.

El magistrado de Canelones, Walter Burella, dijo a El País que su dictamen "se puede tomar como antecedente para otro caso en que se impida el ingreso a algún establecimiento pero para el tema de las ocupaciones no, porque son temas independientes".

En su resolución, Burella cita la obra del abogado Nelson Larrañaga Zeni, Derecho laboral y seguridad social, para argumentar la existencia de dos tipos de piquetes: el pacífico y el lesivo de derechos.

El primero se considera lícito pues se lleva a cabo "sin violencias o amenazas, ni lesión de otros derechos, sin cortes de vías públicas y sin alterar el orden público".

En cambio, el piquete duro es ilícito "cuando se traduce en violencia, intimidaciones, coacciones o amenazas", contra no huelguistas y empresarios. En esta categoría caen los que consisten en una "barrera humana que obstaculiza el ingreso de los no huelguistas y del empresario".

El juez Burella consideró que el bloqueo que impidió la libre circulación hacia el establecimiento, era "una medida ilegítima porque se estaba desconociendo otros derechos, como el derecho de propiedad. Porque cuando uno es dueño de una cosa o una propiedad, uno tiene el derecho de decidir quién entra y quién sale. Acá eran los trabajadores quienes resolvían" quién entraba al predio.

Empero, Burella aclaró que su decisión no impone ninguna obligación para otros casos referidos a piquetes. "Una situación similar puede ir a otro magistrado y tener un criterio diferente", sostuvo.


El País Digital 27/12/2008